Las más de 100 muertes que se han registrado en los últimos veinte años en cerro El Toro (Huamachuco), a consecuencia de la letal minería ilegal, han quedado impunes hasta ahora, debido a que los silencios son comprados por las mafias que operan en esta parte de la sierra de La Libertad.

Los fallecimientos de Alberto Fernández Siccha, de 19 años, y un menor de edad, al menos van por ese camino. Pese a que a todas luces su vida se cortó a consecuencia de los gases tóxicos que inhaló en un socavón de una minera ilegal, Bernardo Fernández López, padre de Alberto, increíblemente señaló lo contrario a las autoridades y solicitó que no indaguen en el asunto.

Sospechosamente, y tal como consta en el acta policial, Bernardo aseguró que la muerte de su hijo se registró a consecuencia de un paro cardíaco, una versión poco creíble porque la víctima, clínicamente, no presentaba antecedentes de un problema en el corazón, por lo que hace sospechar de que detrás de esta actitud existe la mano negra de los mineros ilegales que siempre y a costa de todo han tratado de ocultar el oscuro panorama existente en cerro El Toro.

Esta vez parece que volvieron a conseguir su objetivo, pues el propio representante del Ministerio Público adelantó que, a raíz de esta declaración, no puede investigarse más, teniendo en cuenta que si no existe denuncia, no existe delito. Ya la Fiscalía, según se supo, ya investiga la compra de consciencias y silencios en este caso.

Pero esto no es nuevo. El 27 de setiembre del 2019, el fiscal provincial mixto de Sánchez Carrión, Jorge Fernández Urteaga, ya advirtió, en declaraciones al diario El Comercio, que en cerro El Toro corren ríos de oro cada vez que ocurre un deceso por culpa de la minería ilegal. Esto lo alertó cuando investigaba la muerte de un adolescente de 17 años de edad, asfixiado, también, en un socavón, en esta zona de Huamachuco.

Aquella vez, la autoridad indicó que no podían hacer las diligencias de ley, ni el levantamiento del cadáver, debido a que sus familiares se oponían a ello. El cadáver lo encontramos en una casa y alrededor habían unas 60 personas. Lamentablemente, como suele ocurrir en este tipo de casos, no permitieron hacer el levantamiento del cuerpo. Se les explicó la necesidad que había de llevarlo a la morgue, pero se opusieron rotundamente”, declaró Fernández.

Pero el fiscal fue más allá y aseguró que cuando ocurren muertes de este tipo en El Toro, los familiares suelen impedir las diligencias de ley para evitar que se dé con los responsables del caso, pues estos sueltan dinero para ello.

“No hay muerto, no hay caso. Los mismos dueños de las minas (informales y legales) son los que les pagan a los familiares entre S/ 5 mil y S/ 20 mil para que entierren o desaparezcan el cadáver y no haya denuncia. Hay un responsable que tiene que pagar por lo que pasa, pero al no ver muerte, no hay nada", subrayó. Sin duda, ésta es una arista que debe investigar en cerro El Toro a profundidad, pues allí reposaría la raíz de tanta impunidad.
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Andrés Rafael López

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