La Defensoría del Pueblo advirtió que el prolongado estado de emergencia provocado por la pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad, sobre todo a las poblaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad, quienes incluso antes de la llegada del coronavirus se encontraban en una situación de discriminación.

 

Para la institución, este escenario es provocado por un limitado acceso a servicios que garanticen el ejercicio de derechos, así como por los prejuicios, estereotipos y una precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad. Es así que, en lo que va de la pandemia, la atención brindada desde las instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos no se ha adaptado a las necesidades particulares de las personas con discapacidad.

 

En ese sentido, la accesibilidad a la información y a la comunicación es limitada e impacta en el ejercicio de sus derechos; por ejemplo, muchas personas con discapacidad se vieron afectadas por la falta de información accesible respecto a los cuidados para prevenir el contagio del COVID-19 y a las posibilidades para acceder a los bonos otorgados por el Estado.

 

Adicionalmente, las clases virtuales brindadas por el Ministerio de Educación (Minedu) no aseguraron la accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Al respecto, se identificó una insuficiente articulación entre el Minedu y las autoridades de los distintos niveles educativos, así como limitados recursos educativos adaptados para las necesidades de los estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas especiales.

 

Esto se identificó no solo en la educación básica, sino también en la universitaria, donde en un muestreo cualitativo aplicado a 207 personas se halló que 88 % de los encuestados no fueron beneficiados con la subvención del servicio de Internet, dispositivos informáticos o electrónicos (universidades públicas), 63 % de los encuestados no tuvieron facilidades en la conectividad virtual (universidades privadas) y 89 % de estudiantes con discapacidad auditiva encuestados manifestó que no se implementó la interpretación de lengua de señas.

 

Asimismo, pese a los esfuerzos por implementar una plataforma virtual de intérpretes de lengua de señas por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el desconocimiento de algunas autoridades sobre la existencia de dicho servicio, unido la falta de acceso a internet en distintas zonas del país, motivaron diversas quejas de la comunidad de personas sordas por las barreras de comunicación.

 

En materia de salud mental, el 71 % de la población peruana experimentó problemas emocionales, de ansiedad, estrés, discusiones o depresión. 3 de cada 10 personas mayores de 18 años han tenido episodios depresivos; de este grupo, 4 de cada 10 presentaron depresión moderada y severa, y 1 de cada 10 tuvieron ideas suicidas.

 

Por otro lado, en el contexto de pandemia se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, país saludable”, la cual no incluye lineamientos en salud mental, ni se desarrolla con enfoque de discapacidad. Tampoco se ha considerado la salud mental en el Acuerdo Nacional, ni en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ni en la Política General de Gobierno 2021.

 

En lo que respecta al derecho a la seguridad social, a junio del 2020 el 70 % de personas con discapacidad que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios del Programa Contigo, no recibían la pensión y permanecían en lista de espera. Asimismo, no se han implementado los sistemas de apoyo o ajustes razonables para las personas con discapacidad beneficiarias del mencionado programa. Dicha situación limita el ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas y constituye una barrera para hacer efectivo el cobro de la pensión no contributiva.

 

En relación a las medidas excepcionales de apoyo social implementadas durante la pandemia, en distintas regiones supervisadas se ha verificado que no se ha priorizado la atención de las personas con discapacidad. Además, se advirtió que en muchos casos las Oficinas Municipales de Atención a las Persona con Discapacidad (Omaped) funcionan con escasos recursos económicos (no se cumple con asignar el 0,5 % del presupuesto de la Municipalidad) y humanos (una sola persona por oficina) o suspendieron actividades.

 

Por último, es importante tener en cuenta que actualmente el Congreso está impulsando una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad mientras que el Ejecutivo, promueve la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. En ambos casos, la Defensoría del Pueblo viene exhortando a los distintos poderes a desarrollar amplios procesos de consulta para lo que se ha cursado comunicación a las autoridades pertinentes: Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, Conadis, Presidencia del Consejo de Ministros y todos los ministerios.

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Andrés Rafael López

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