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EL FRACASO DEL SISTEMA LABORAL TRADICIONAL

 

 Partamos de una realidad: el mercado laboral peruano es altamente informal, con limitado acceso a seguridad social en salud o pensiones, bajos salarios, alta movilidad y muy poco productivo. Según un reciente estudio de ComexPerú, en 2021, la informalidad ascendió al 76.8% a nivel nacional, llegando al 95.3% en las zonas rurales. En los sectores agropecuario y pesca, los menos productivos, la tasa de informalidad fue del 96.1%.

 

La mayor tasa de informalidad se dio en los trabajadores que pertenecen a las empresas de menor tamaño, las que representan casi el 95% del total de empresas en el país. Así, tenemos un tejido empresarial que se basa en la microempresa, donde se presentan altos niveles de informalidad. Mientras mayor el tamaño de la empresa, menor el nivel de informalidad. Y los sectores menos productivos son los que más emplean y donde se dan los mayores niveles de informalidad. Por ejemplo, la agricultura y la pesca generan un tercio del total de trabajadores e informales.

 

En este contexto, promover la formalización, generar mayor productividad e impulsar una real reactivación económica resulta clave. Existe una evidente relación positiva entre el crecimiento económico y la generación de empleo. Y la cantidad de puestos de trabajo aumenta cuando la producción del respectivo sector también lo hace. Y, sin duda, a mayor productividad, mayor nivel salarial. Así lo entiende también el ministro Kurt Burneo, y por eso es parte del Plan Impulso Perú.

 

Sin embargo, la agenda laboral que se viene impulsando desde el Gobierno se limita a temas de reducido impacto, dada la caracterización del mercado laboral descrita. Temas como los de la tercerización y las relaciones colectivas que se vienen discutiendo actualmente, sin duda, reditúan políticamente, pero resultan intrascendentes dados los altísimos niveles de informalidad existentes. Lo anterior, sin perjuicio de ser impulsados unilateralmente, violando los principios legales de transparencia y en contra de los estándares de mejora regulatoria que se pretenden alcanzar para ser parte de la OCDE. No sorprende que el ministro Burneo haya dicho que están en revisión.

 

Un gran problema es que el espacio natural que existe para discutir sobre las medidas que realmente se necesitan dar, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), termina careciendo de representatividad, cuyo diseño basado en el enfrentamiento entre los sectores empleador y trabajador (hoy acicateado por el Gobierno y algunos congresistas) ya se encuentra obsoleto.

 

¿Por qué no pensar en diseñar un nuevo CNTPE, que represente de mejor manera el tejido empresarial (mayor presencia de las MIPYME) y el mercado laboral (¿a cuántos trabajadores representan las cuatro centrales sindicales que conforman el sector trabajador?), y que funcione desde una óptica colaborativa, más que confrontacional, y que integre a la Academia?

 

Este espacio debería hacer prospectiva sobre el futuro del trabajo y discutiendo qué habilidades se necesitan desarrollar desde ya para mejorar la productividad y cubrir las necesidades del mañana. Es urgente reducir la informalidad y repensar la normatividad laboral tradicional, otorgando mayor flexibilidad, pero asegurando una adecuada protección social, lo que pasaría por la “deslaboralización” de la seguridad social, tal como menciona el economista Santiago Levy en una reciente visita al país.

 

Si la agenda laboral continúa basándose en la Agenda 19 y las campañas mediáticas del ministro de turno y algunas congresistas, cada vez se legislará más para los menos, en perjuicio de todo el país. Un sinsentido.



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